Luis Rosales Chávez| CN COLIMANOTICIAS
Tecomán, Colima. – El regidor de Movimiento Ciudadano, Gerardo Cruz, explicó las razones por las cuales votó en contra de la propuesta para que el Ayuntamiento de Tecomán contratara un despacho jurídico privado con el objetivo de enfrentar las multas impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las cuales superan los 150 millones de pesos.
Durante su intervención, Cruz señaló que, si bien se presenta como una solución “fácil” contratar a un despacho que negocie con el SAT y reduzca significativamente el monto de la deuda a cambio de una comisión, esta medida evade el verdadero problema: la falta de consecuencias para quienes hicieron un mal manejo del recurso público en administraciones pasadas.
“Se plantea como un gran logro reducir esos 164 millones a cambio de una comisión al despacho jurídico, pero ¿quién se hace responsable del daño? Ese dinero se manejó mal y nadie paga las consecuencias. Si seguimos resolviendo así, solo estamos dando carta blanca para que se repita el mismo patrón en futuras administraciones”, expresó.
Cruz criticó que el tema se aborde como si fuera exclusivo del ámbito jurídico y administrativo, sin considerar la dimensión ética y de rendición de cuentas. “La ciudadanía tiene derecho a saber qué pasó con ese dinero. Decir que fue otra administración no borra el hecho de que fue dinero público mal manejado. Si hoy votamos a favor de esta solución, sin exigir castigo a quienes causaron el daño, también somos cómplices por omisión”, sentenció.
El regidor aseguró que su voto en contra es un posicionamiento claro a favor de la transparencia y la justicia. “No se trata de oponerse por oponerse, sino de mandar un mensaje firme de que el mal manejo del dinero público no puede ni debe quedar impune”, concluyó.
La propuesta fue discutida en sesión de cabildo, donde se expuso que la contratación del despacho jurídico buscaba evitar que el ayuntamiento absorbiera completamente las millonarias sanciones fiscales. Sin embargo, para Gerardo Cruz, la solución debe ir más allá de lo técnico y tocar fondo en lo político y legal, para no perpetuar la impunidad administrativa.