VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
La venganza política de López contra el poder judicial que le echó abajo iniciativas contrarias a lo que establece nuestra Carta Magna, pero también porque es el único obstáculo que les queda para poder allanar el camino hacia la dictadura y la autocracia que quiere la 4T, para así mantenerse en el poder por tiempo indefinido, constituye un verdadero golpe de estado. La reforma que impondrá morena acabará con el equilibrio y la división de poderes, se acabará la democracia, se minarán las libertadas, el orden constitucional que se había logrado y, lo más grave, es que el propio estado se verá desfigurado con muy lamentables consecuencias para la sociedad que, después del 1 de octubre, podrá comenzar a lamentar las consecuencias de su error en las urnas.
Las resoluciones que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de controversias o de acciones de inconstitucionalidad, se dieron con apego a la Constitución y con autonomía, pues hubo suficientes elementos para dar sustento a las resoluciones sin que mediara intención política o ideológica, pero López y sus lacayos no lo ven así, dado que sus propósitos son otros. Por ello quieren someter a los jueces, magistrados y ministros porque ya no quieren que les echen abajo leyes aunque sean contrarias al interés superior de la nación, a los derechos humanos universales; por eso también quieren acabar con el INE, con los órganos autónomos y con el periodismo libre.
El discurso manipulador, populista y lleno de mentiras para engañar al pueblo está a punto de alcanzar su mayor victoria con la iniciativa de reforma al poder judicial, misma que se centra en someterlos a la elección popular, a un sistema de control y dominio para extinguir su autonomía, cuando está ampliamente probado que ese sistema de elección no es funcional para la verdadera administración de la justicia, aunque sí para el control político, para la sumisión y para las venganzas.
Bolivia es el único país del mundo que experimenta con la forma de elegir a representantes del poder judicial por voto popular, pero ya se ha probado que no funciona, no solo porque los jueces y juzgadores se ven presionados al someterse a un proceso político, sino porque la propia forma de elección no les da legitimidad plena. De hecho, a las urnas acude un muy reducido grupo de electores y, quienes participan, lo hacen depositando la boleta en blanco o anulando su voto. Esta misma forma de designación de jueces se aplica en algunos estados de la Unión Americana, pero las barras y colegios de abogados han expresado que no resulta favorable para la administración de justicia, por lo que están exigiendo se elimine este sistema.
Es claro que eliminar el sistema de ascensos y designación de jueces por méritos, capacidad, experiencia y por exámenes de oposición, solo busca politizar la justicia y con ello, lo único que se logrará es corromperla y someterla al poder ejecutivo cuando este ya controla y tiene sometido al legislativo. Obligar a que hagan campaña el aspirante a juez, a magistrado, a ministro o cualquier otra figura de la estructura judicial, es abrir la puerta para que la partidocracia, los poderes fácticos o quien ostenta el poder absoluto, sean quienes decidan para aceptar el registro de aspirantes y, en consecuencia, sería a quienes les tendrían que pagar el favor, tal como ocurre ahora a la hora de designar candidatos a los puestos de elección, máxime cuando ya no exista un árbitro electoral autónomo y libre como seguramente ocurrirá cuando morena haga valer su aplanadora en el poder legislativo.
Si bien es necesaria una reforma amplia y profunda al poder judicial, esta debe orientarse a fortalecer su autonomía, sus procesos administrativos, a depurar los mecanismos de ascenso y, sobre todo, a desvincular el proceso de designación de juzgadores de los intereses políticos e ideológicos de los poderes ejecutivo y legislativo, es decir, que intervengan más sus pares, los colegios y barras de abogados, así como las instituciones académicas y otras instancias del propio poder judicial; también es muy necesario revisar la estructura, funciones, atribuciones y responsabilidades del Consejo de la Judicatura, donde se incluya la posibilidad de una contraloría social contributiva a los mecanismos de control interno del propio poder judicial.
Del mismo modo, la reforma debe contener mecanismos más eficaces de coordinación con los Tribunales superiores de justicia de los estados y que, complementariamente, se promuevan reformas para que las fiscalías, tanto federal, como estatales o las especializadas, sean más eficientes en las tareas que realizan los ministerios públicos, pues la procuración de justicia no puede estar desvinculada de la administración o impartición de justicia. Si las reformas no se orientan a esos propósitos, todo será una simulación más.
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