Por: Ángel Durán
El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Colima fue creado con el propósito de coadyuvar con los jueces del estado en la resolución de controversias familiares.
Especialmente en casos de violencia contra las mujeres y los hijos, este centro buscaba ser un espacio de apoyo para garantizar que las relaciones familiares, en contextos de maltrato o falta de comunicación efectiva, pudieran desarrollarse sin poner en riesgo a los menores.
La idea era que, cuando la convivencia entre padres e hijos resultara conflictiva o peligrosa, estas reuniones pudieran ser asistidas en el centro, bajo condiciones controladas y seguras.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el objetivo original parece haberse desvirtuado.
Aunque la intención inicial era adecuada y las condiciones del centro fueron adaptadas para cumplir este objetivo, pronto comenzaron a surgir problemas estructurales y de operación.
Desde su creación, no se garantizó que la mayoría de los servidores públicos tuvieran los perfiles adecuados para trabajar en casos tan delicados.
A esto se sumó la falta de mecanismos de transparencia y de apoyo institucional, lo que ha provocado que el centro funcione más como una simple guardería.
Los jueces envían oficios para que en el centro se lleven a cabo convivencias o entregas de menores, pero las actividades no son monitoreadas ni supervisadas de manera adecuada.
La desconexión entre el centro y los juzgadores se traduce en un grave problema: no existe un seguimiento real sobre el interés superior del menor.
Las personas encargadas de operar el centro no siempre conocen en profundidad la situación de cada niño o niña, lo que convierte a la institución en un simple intermediario de entregas y recepciones, sin preocuparse por el impacto emocional o psicológico que puedan tener estas dinámicas en los menores.
Además, no hay una relación eficiente entre los servidores del centro ni capacitaciones de fondo que les permitan actuar de manera integral.
Esto afecta directamente los derechos de los niños, quienes pueden quedar expuestos a mayores daños psicológicos o emocionales en lugar de ser protegidos.
Es imprescindible que se analice a fondo el propósito para el cual fue creado este centro.
La violencia intrafamiliar, especialmente de padres hacia hijos, sigue siendo una problemática creciente que no se resuelve con medidas superficiales.
En muchos casos, los menores continúan siendo víctimas de violencia incluso en las instalaciones del centro de justicia.
Por ello, es fundamental que se establezca una comunicación constante y directa entre los jueces y el personal del centro.
Los procedimientos deben revisarse profundamente y actualizarse para garantizar que los derechos de los menores sean protegidos en todo momento.
El Poder Judicial tiene la obligación de solicitar informes regulares y supervisar que las actividades del centro se lleven a cabo en línea con los objetivos establecidos desde su fundación.
Asimismo, es esencial que se refleje este cambio en la práctica cotidiana.
El respeto a los derechos de los menores debe ser evidente, no solo en el papel, sino también en la manera en que el centro opera y colabora con los juzgadores.
De lo contrario, no se logrará ningún avance en la protección efectiva de los niños y niñas involucrados en estos procesos.
Por último, es importante destacar que aquellas personas que consideren que los derechos de sus hijos o los suyos propios están siendo vulnerados en este centro deben informar al juez correspondiente.
Si es necesario, pueden interponer juicios de amparo para proteger sus derechos y exigir que se tomen medidas para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo.
Es crucial reorganizar todo el sistema, asegurando que la institución cumpla su propósito original y que no se siga debilitando el núcleo familiar por la falta de coordinación y sensibilidad en los procedimientos.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.