Por: Ángel Durán
La justicia cívica municipal en México ha sido objeto de una profunda transformación para garantizar que todos los actos administrativos realizados dentro de los ayuntamientos estén sujetos a un control de legalidad.
Su objetivo principal es que las autoridades municipales actúen con justicia y equidad al resolver conflictos locales, asegurando que los ciudadanos reciban un trato justo y que sus derechos sean respetados.
Para lograrlo, se diseñó una infraestructura especializada, desde la capacitación y el nombramiento de personal hasta la creación de los juzgados cívicos, los cuales funcionan como mini tribunales dentro del ayuntamiento.
Estos órganos fueron concebidos como espacios donde la ciudadanía puede acudir para resolver faltas administrativas de manera rápida y eficaz, sin necesidad de acudir a instancias judiciales más complejas.
Antes de esta reforma, existían los llamados “jueces de barandilla”, pero ahora el sistema se ha modernizado con el propósito de proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que las autoridades municipales actúen conforme a la legalidad.
El objetivo central de la justicia cívica es, que los conflictos menores dentro del municipio, se resuelvan de manera ágil y justa, asegurando que si la conducta de una autoridad o de un ciudadano es ilegal o injusta, se corrija a través de un procedimiento imparcial y transparente.
Los jueces cívicos son los responsables de atender todas aquellas faltas administrativas que afectan la vida cotidiana dentro del municipio y que, sin ser delitos graves, pueden generar conflictos entre ciudadanos o con la autoridad.
Su función principal es escuchar al ciudadano afectado, analizar los hechos y determinar si la actuación del funcionario o de otro ciudadano fue correcta o violó la normatividad vigente.
El procedimiento que siguen los jueces cívicos se basa en la oralidad, lo que permite que las audiencias sean dinámicas y directas, promoviendo una solución rápida y eficaz.
En términos generales, los casos que atienden incluyen:
- Faltas administrativas no graves, como escándalos en la vía pública, alteración del orden o desobediencia a las autoridades municipales.
- Infracciones de tránsito, analizando si las sanciones impuestas por los agentes de vialidad cumplen con los requisitos legales.
- Conflictos vecinales, como problemas por ruido excesivo, invasión de propiedad o incumplimiento de normativas locales.
- Omisión de normativas municipales, como construcción sin permisos, venta ambulante irregular o uso indebido del espacio público.
- Sanciones administrativas a negocios, asegurando que las clausuras o multas impuestas a establecimientos comerciales sean legales y proporcionales.
El punto clave es que el ciudadano que se sienta afectado, tiene derecho a acudir ante el juzgado cívico para ser escuchado por un juez imparcial y capacitado, quien, tras seguir un procedimiento justo, deberá emitir una resolución que garantice que no se cometan abusos ni por parte de la autoridad ni por parte de otros ciudadanos.
A pesar de su importancia, la eficiencia de los juzgados cívicos en Colima debe ser revisada para garantizar que cumplan con su función original.
En muchos casos, estos órganos han perdido su esencia y se han convertido en simples oficinas recaudadoras, integradas por funcionarios sin la capacitación adecuada y sin la independencia necesaria para emitir resoluciones imparciales.
Un problema grave es que muchos jueces cívicos no tienen autonomía real, ya que los mismos ayuntamientos limitan su labor.
Los presidentes municipales y sus administraciones suelen presionar a los juzgados cívicos, para que no declaren ilegales las multas de tránsito o las sanciones impuestas por sus propias dependencias, pues las ven como una pérdida de ingresos municipales.
Esta interferencia política es un obstáculo para la justicia cotidiana y debe ser erradicada.
Si queremos construir un sistema de justicia funcional, los titulares de los ayuntamientos deben ser los primeros en garantizar la independencia de los jueces cívicos.
No pueden pretender que los jueces sean simples administradores de sus intereses económicos, sino que deben permitir que actúen con libertad y conforme a la ley, incluso si eso implica anular sanciones impuestas de manera arbitraria.
Esta mentalidad de autoprotección y control sobre los jueces cívicos es uno de los principales frenos al desarrollo de una verdadera cultura de legalidad.
Los municipios deben asumir que la función de estos juzgados, no es incrementar la recaudación, sino proteger los derechos ciudadanos y garantizar que los conflictos administrativos se resuelvan de manera justa y efectiva.
La voluntad política es clave para hacer funcionar la justicia cívica
Si realmente queremos que los juzgados cívicos en Colima cumplan con su propósito, es fundamental que las autoridades municipales asuman su responsabilidad y tomen las siguientes medidas: Capacitar a los jueces cívicos y a su personal en materia de derechos humanos y justicia administrativa, Garantizar la independencia de los juzgados cívicos para que no estén sujetos a presiones políticas o económicas, Supervisar constantemente su funcionamiento para asegurarse de que no se han convertido en meras oficinas de cobro, Impartir formación a los agentes de tránsito y a los funcionarios municipales para que sus sanciones estén debidamente fundamentadas y motivadas.
El sistema de justicia cívica, es un pilar fundamental para la legalidad y la convivencia dentro del municipio, pero su eficacia depende de la voluntad política de quienes gobiernan.
Si los ayuntamientos siguen viendo a los juzgados cívicos como una simple extensión de su recaudación y no como garantes de justicia, el sistema seguirá fallando y perjudicando a la ciudadanía.
Ha llegado el momento de devolverles su autonomía y dignidad, de permitir que la justicia cotidiana sea verdaderamente justa y de construir municipios donde la legalidad no sea una opción, sino una norma inquebrantable.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.