Por: Ángel Durán
Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha designada por la ONU desde 2007 para promover el entendimiento, la inclusión y el respeto hacia las personas con esta condición.
Pero en México, esta fecha más que celebrarse, debería doler. Porque el país sigue reprobando en lo esencial: garantizar una vida digna, equitativa y sin discriminación para quienes forman parte del espectro autista.
El autismo —correctamente llamado Trastorno del Espectro Autista (TEA)— no es una enfermedad, es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social, la conducta y el procesamiento sensorial.
Las personas con autismo pueden tener habilidades extraordinarias o necesidades complejas, y cada una es distinta. Pero lo que tienen en común es que siguen siendo sistemáticamente excluidas, particularmente desde la infancia, cuando se enfrentan al primer muro: la escuela.
Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha establecido con claridad que ningún menor con autismo debe ser rechazado por razones de su condición, la realidad contradice el discurso oficial.
Padres y madres relatan, una y otra vez, cómo al intentar inscribir a sus hijos en escuelas públicas o privadas, la respuesta más común es el rechazo disfrazado: “el cupo está lleno”, “no tenemos personal capacitado”, “no podemos hacernos responsables”. En otras palabras: la inclusión solo existe en los papeles.
Peor aún, cuando se permite el ingreso de un niño con autismo a una institución educativa, se impone una condición inaceptable: que la familia pague un monitor especializado que lo acompañe. Este apoyo es vital, sí, pero su costo —alrededor de 10,000 pesos mensuales— es inaccesible para la mayoría de las familias mexicanas. ¿En qué momento la inclusión se convirtió en un privilegio que solo unos pocos pueden pagar?
La Constitución es clara. El artículo 3º garantiza el derecho humano a una educación de calidad, gratuita e inclusiva. El artículo 4º, por su parte, protege los derechos de la familia y de las niñas y niños.
Pero en la práctica, estas garantías son letra muerta para miles de familias que conviven con el autismo. Son obligados a cargar solas con los costos, las terapias, la discriminación, el señalamiento social y la omisión institucional.
Hace falta, con urgencia, una política pública integral que reconozca que el autismo no es un “problema” a resolver, sino una condición que exige adaptación y respeto. Urge formación docente obligatoria y especializada en todos los niveles educativos.
Urge personal de apoyo pagado por el Estado, no por las familias. Urge que las escuelas, en lugar de cerrar las puertas, construyan rampas, no solo físicas, sino humanas, para acoger la diversidad.
Basta con mirar a países como Canadá, donde las personas con autismo y sus familias reciben apoyo estatal, inclusión educativa sin barreras económicas, terapias cubiertas por el sistema público y programas de empleo adaptados. No se trata de comparar por envidia, sino de entender que allá la inclusión es un derecho; Aquí, un lujo.
Es hora de entender que no hay inclusión si cuesta. Que no hay igualdad si se impone una cuota para ejercer un derecho. Que no hay derechos humanos si se condicionan a la capacidad económica. Y que el autismo, lejos de ser una carga, es una oportunidad para construir una sociedad más empática, diversa y justa.
Hoy más que nunca, es fundamental que el Estado mexicano mire de frente esta deuda histórica. Que se formen maestros, se abran espacios, se asignen presupuestos y se construya la verdadera inclusión: la que se vive, no la que se presume. Y es que un país que discrimina desde la escuela, fracasa desde su raíz.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.