Redacción| COLIMANOTICIAS
México.- La Ley Agraria promulgada en 1915 sigue vigente. Los principios de tierra y libertad, el derecho y la seguridad en la tenencia siguen siendo la razón de ser de más de 7 millones de ejidatarios, comuneros y propietarios rurales. La mitad del territorio nacional en posesión ejidal y comunal, mantiene vivo ese derecho campesino de contar con un pedazo de tierra para vivir y cultivar los alimentos que demanda la población del país.
El compromiso de los productores rurales, principalmente a través de la Confederación Nacional Campesina, CNC, es por la defensa de la tierra para lograr que la lucha por hacer del campo mexicano una actividad rentable y que genere beneficios para los campesinos, se convierta en oportunidad, dignidad y libertad para la gente del campo, señaló el secretario general de la organización, Rubén Escajeda Jiménez.
En el marco de conmemoraciones de la Ley Agraria de 1915, promulgada durante el gobierno de don Venustiano Carranza, este ordenamiento abrió la posibilidad del reparto de más de la mitad del territorio nacional, que aún es propiedad social de los mexicanos. En la actualidad y con respeto a la vigencia de esta Ley Agraria, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto emprendió las reformas estructurales que favorecen el desarrollo rural del país.
El líder cenecista habló con la representación del presidente de la CNC, senador Manuel Cota Jiménez, durante una ceremonia cívica realizada en la explanada de la Delegación Venustiano Carranza, ante la estatua erigida en honor del “Varón de Cuatro Ciénegas”.
Puntualizó Escajeda Jiménez que esa lucha la libran los campesinos cenecistas desde todos los frentes, con estructuras representadas a través de las Ligas de Comunidades Agrarias, de Comités Municipales Campesinos, de los Comités de Base, que trabajan de manera incansable por las causas de los hombres y mujeres del campo, hasta los diputados y senadores que defienden los proyectos para el desarrollo rural.
Se refirió en particular a la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos para 2016, donde los legisladores cenecistas lograron acrecentar los recursos fiscales para impulso del campo, con un incremento de 8 mil 500 millones de pesos, por arriba de lo propuesto por el Ejecutivo Federal.
De igual manera, puntualizó, la diputación campesina de la CNC respaldó e impulsó la creación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores, previamente propuesto por el Presidente Peña Nieto.
Por su parte, el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Fernando Rascón Fuentes, expresó que la Ley Agraria de 1915, es uno de los documentos fundamentales surgidos de la Revolución Mexicana; representó en su momento la consigna de las demandas de millones de campesinos; fue la primera disposición jurídica en torno a la cuestión agraria, además de ser uno de los referentes principales del Artículo 27 de la Constitución de 1917, que más tarde permitiría el reparto agrario por el que lucharon las mujeres y hombres revolucionarios.
Con la Ley de 1915, el Presidente Carranza decidió restituir sus tierras a quienes habían sido despojados de ellas, y justificó esta medida citando palabras textuales del mandatario coahuilense: “como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres”.
A cien años de su promulgación, dijo Fernando Rascón, la Ley Agraria sigue siendo vigente y punto de referencia para estudiantes e investigadores universitarios no sólo de México sino de muchas naciones que ven en ese instrumento jurídico agrario, expresiones del movimiento de Independencia, de las Leyes de Reforma y, sobre todo, de la Revolución Mexicana.
Asistieron al acto cívico los diputados federales: Oscar García Barrón, David Mercado Ruiz, Claudia Villanueva y Evelio Plata Insunza, así como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC: como el secretario general, Rubén Escajeda Jiménez, Raúl Meneses, de Acción Electoral, Francisco Javier Ibarrola, de Asuntos Jurídicos, Humberto Calixto Mendoza, de Acción Política; Marco Antonio Brito, de Crédito y Aseguramiento y Víctor Manuel Galicia, senador suplente.