Tres de Tres

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Por Mario Acevedo Manzano

La presentación de parte de todos los Candidatos a cualquier cargo de representación popular de su declaración patrimonial, declaración anual de impuestos ante el SAT y declaración de sus posibles conflictos de interés es una iniciativa nacional para contribuir, desde la sociedad civil, al combate de la corrupción, opacidad y complicidad de los servidores públicos electos en las próximas elecciones federales y estatales. Es buena la idea, si partimos de la corrupción institucionalizada desde los regímenes revolucionarios cuando el Caudillo Obregón decía: ningún general resiste un cañonazo de 50 mil pesos, equivalente a un aproximado de 5 millones a la fecha.

La declaración a las Contralorías de los tres niveles de gobierno de cualquier funcionario público es buen inicio para establecer la manera proporcional del crecimiento de su patrimonio personal y familiar, viene desde aquella primer farsa para combatir la corrupción, cuando desde su campaña política a la presidencia de la república el paisano Miguel de la Madrid propuso una Renovación Moral de la Sociedad, nótese, es la renovación moral de la Sociedad, mas no así, del Gobierno. O sea, no se reconocía la corrupción en el Gobierno, por cierto, corrupción galopante en el régimen de José López Portillo, si bien, no dio buenos resultados la declaración de bienes patrimoniales familiares al combate a la corrupción, cuando menos fue el inicio de un sistema nacional anticorrupción, mismo aprobado recientemente por el congreso de la unión y se encuentra en el proceso de su aprobación constitucional.

La declaración patrimonial obligatoria para los funcionarios del gobierno federal no ha dado ningún resultado al combate a la corrupción, en los últimos treinta años, ningún funcionario público fue juzgado por enriquecimiento ilícito y el único castigo por actos indebidos de un servidor público es a un cartero quien sustrajo de manera ilegal el contenido de un correo y fue castigado por la ley de responsabilidades públicas, ¡hágame favor estimado lector! Miles de ricos ilegales y el único culpables es un trabajador de correos.

Las declaraciones patrimoniales de entrada y salida de un cargo público deben ser comparadas para conocer la diferencia entre la cantidad inicial y la final, y se supone, es la secretaria de la función pública quien debe verificar los cambios y cuando todos los funcionarios gubernamentales de los últimos treinta años todos resultan honestos, el ciudadano se pregunta ¿Qué demonios hace la secretaria de la función pública cuando no encuentra ningún culpable de corrupción? Y la respuesta es obvia, los burócratas de la función pública son tapadera de los corruptos del gobierno. Por cierto, el titular de esa secretaria quien tiene cara de presentador de circo, está investigando el posible conflicto de interés del presidente Peña Nieto y los anteriores dueños la Casa Blanca, adquirida por su esposa. Usted cree sea una investigación imparcial la realizada por la función pública, más bien, será una mascarada para cobijar a Peña Nieto de su posible responsabilidad como funcionario público.

Y en Colima no cantan mal las Rancheras, el Sr. Gobernador deberá hacer pública su declaración inicial y final de su patrimonio familiar para conocer los posibles incrementos de acuerdo a los ingresos recibidos durante su gestión de gobernador del Estado. En contraste, causa muy buena impresión el Candidato del PRI al gobierno del Estado, al hacer pública su declaración patrimonial está mandando el mensaje a los colimenses que no piensa robar, de resultar triunfador el Candidato Peralta debería comprometerse hacer pública, también, la declaración patrimonial al final de su gestión sexenal y, comprobar de esta forma, un ejercicio honesto de gobierno.(continuara)

A poco no…ya se cerró la elección a gobernador en dos contendientes, el elector deberá pensar en un voto útil para darle contundencia al triunfo del candidato ganador.