TRANSPARENCIA Y OSCURIDAD
Por: J. Daniel Miranda Medrano
El caso del predio la campana fue duramente criticado por diversos personajes y actores políticos desde que se dio la noticia; si bien toda crítica es aceptable y necesaria, ésta debe de basarse en hechos comprobables y no en supuestos ni imaginarios inexistentes pues puede incurrirse en actos de difamación.
La democracia moderna está transitando en estos tiempos de lo electoral al de la rendición de cuentas, y de transparencia de los actos de gobierno; por eso es más que bienvenida la decisión del gobierno del estado de poner a disposición de quien quiera, todo el expediente completo relacionado con la compra de los predios de La Campana.
La decisión fue bien vista por diversos sectores de la sociedad, es así que Guillermo Díaz, presidente del colegio de arquitectos de Colima; Mario de la Madrid, de la agrupación de abogados y el empresario Guillermo Brun manifestaron su reconocimiento a esta actitud de Ignacio Peralta. Del mismo modo, mostraron su deseo de involucrarse socialmente en el desarrollo de los planes gubernamentales posteriores a la compra de los terrenos; es decir, están reconociendo plenamente la positiva decisión del titular del Ejecutivo
La adquisición de los predios tendrá un sinnúmero de positivas repercusiones en el desarrollo social y económico de Colima y será sin dudas un legado que recuerde la gestión del actual gobernador; está demás señalar que todos los planes involucrados en este desarrollo se harán con la supervisión de Instituto Nacional de Arqueología e Historia.
En estos tiempos, transparentar todas las acciones gubernamentales es una exigencia social que los gobiernos están obligados de cumplir; es parte de evolución que caracteriza a los regímenes democráticos y que seguramente cumplirá el gobernador del estado en el transcurso de su mandato.
OSCURIDAD.- “Como vamos Colima” ya dio a conocer su evaluación del primer semestre de la gestión de Ignacio Peralta, y como todas las evaluaciones, la subjetividad no es ajena a este hecho. Destacan calificaciones de diez y de cero, en las primeras se incluye reducción del gasto corriente, respaldo a la contraloría y la disminución del gasto social; la peor calificación fue la de ubicar a nuestra entidad entre los tres estados más seguros. La pregunta obligada como en estos casos es la de siempre ¿Quién evalúa al evaluador, su metodología o sus parámetros para hacerlo? No podemos dejar tampoco la connotación política de ello y el papel político y social de quienes integran esta franquicia”***Hasta el diputado local por Jalisco Pedro Yamamoto se puso en contra de la mafia legislativa de Colima al señalar que los ciudadanos deben de organizarse y defenderse de estos depredadores de los recursos públicos. Martha Sosa ya se deslindó de esta partida presupuestal, mientras que los demás tratan de disfrazar el robo reduciéndolo a la mitad. No se trata de disminuirlo sino de desaparecerlo.
@jdanie17