El Financiero
México.- El jefe de gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, solicitó la renuncia de todo su gabinete, con fecha al 15 de julio con el objetivo de evaluar su desempeño.
A través de Luis Serna, su secretario particular, se solicitó la renuncia para evaluar su desempeño y definir quién de ellos se quedará después de la fecha mencionada.
En los tres años que lleva su administración, varios de los colaboradores de Mancera han sido señalados, incluso por personajes del mismo partido que lo llevó al poder, de generar más conflictos de los que resolvieron.
Está el caso de su secretario de Gobierno, Héctor Serrano, a quien muchos identificaban como el operador político del PRD y que los partidos de oposición, principalmente Morena, acusaron de ordenar, durante la pasada elección del 7 de junio, que los candidatos de esos partidos recibieran apoyo desde las delegaciones políticas, para lo cual, denunciaron, se desviaron recursos de programas sociales.
Serrano fue, durante el sexenio pasado, el operador político de Marcelo Ebrard y existen denuncias sobre su actuación dentro del PRD incluso a la hora de nombrar candidatos a puestos de elección popular, como Jesús Valencia, quien a la postre sería el jefe delegacional en Iztapalapa y que se vio inmiscuido en un accidente vehicular cuando conducía una camioneta propiedad de una empresa contratista.
Está también la actual secretaria de Desarrollo Social, Rosa Icela Rodríguez, quien durante la última elección fue acusada por candidatos perredistas que perdieron la competencia por un cargo de elección popular de haber operado y desviado recursos de programas sociales a favor de algunos candidatos de Morena. Incluso el senador perredista Miguel Barbosa exigió a Mancera la renuncia de esta funcionaria.
En el caso del titular de la Secretaría de Movilidad, Rufino León Tovar, también recayó en el jefe de gobierno la presión de los taxistas organizados de la ciudad, quienes incluso amenazaron con no pagar impuestos de revista vehicular y tenencia si se permitía la operación de las empresas de aplicaciones electrónicas, Uber y Cabify.
Mientras que el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega Cuevas, aconsejó el alza de dos a cinco pesos al costo del boleto, así como el cierre de la mitad de la Línea 12 del Metro y no atinó a dar respuestas satisfactorias sobre el destino de los recursos generados con el aumento al precio del Metro, además del choque de trenes en la línea 5 y los enfrentamientos entre vagoneros y personal de seguridad.
Así, estos cuatro funcionarios podrían ser de los que se encuentran en la lista de los que no serán ratificados el próximo 15 de julio, cuando el jefe del Gobierno de la Ciudad deberá decidir sobre el nuevo derrotero que tomará su administración.