TENSIÓN POLÍTICA Y LEY DE MOVILIDAD
Por: Florencio Llamas Acosta
¿Usted cómo lo piensa?
Una nueva tensión social y política se gesta en la escena estatal entre la administración de José Ignacio Peralta y los transportistas de la entidad ante la intensión del gobierno de ordenar y modernizar el sistema de transporte en la entidad.
Sin lugar a dudas un conflicto complejo y de alto riesgo político y social, ya que por un lado, el estado de Colima requiere un nuevo modelo de transporte que modernice e integre a todos los elementos del sistema, pero por el otro, persiste una resistencia al cambio cuando las decisiones afectan los intereses económicos del sector transportista, segmento con poder ya que generan una gran cantidad de empleos directos e indirectos, son estratégicos ya que sus servicios permiten conectar diariamente a miles de colimenses, y por si esto fuera poco, son políticamente valiosos para los triunfos electorales del PRI, ya que mediante el voto corporativo otorgan un significativo respaldo electoral. Por lo que, esta tensión si no se atiende con cuidado puede perturbar la estabilidad del sistema político colimense.
Recordemos que al arrancar la actual administración estatal y con la recién creada Secretaria de Movilidad su titular Gisela Méndez anunció en febrero de este año que el gobierno de Nacho Peralta buscaría la transformación de la movilidad y transporte en la entidad con el objetivo de que el sistema de transporte se articule y “para darle la calidad de servicio al usuario, teniendo al usuario al centro de la política”, en este mismo tenor, al siguiente mes de marzo anunció que para mejorar el transporte en la entidad era necesario reformar la legislación, “Estamos trabajando en cual debe ser el modelo que debe sustentar la Ley de Movilidad, porque hay muy pocas a nivel nacional.”
De esta forma y en base a la facultad de iniciar leyes que la Constitución local le confiere al gobernador según el artículo 37 en su fracción II, en el mes de septiembre una vez elaborada la iniciativa de ley, en casa de gobierno es presentada a los actores y líderes involucrados en el sector del transporte, teniendo el argumento de la pertinencia social al expresar, “Tenemos la responsabilidad histórica de ordenar un sector que es fundamental para la vida económica, política y social del estado de Colima” y criticar que la actual ley está desfasada y promueve prácticas insanas, manifestándose el ejecutivo estatal con la voluntad política y disposición al diálogo para escuchar y tomar en cuenta las diferentes posiciones.
Sin embargo, ante las resistencias del sector transportista, que esperan que el gobierno corresponda al apoyo brindado en las campañas y fortalezcan las lealtades de apoyo reciproco, el 19 de septiembre el gobernador desde una posición enérgica declaró que “no se encuentra atado de manos ni tiene compromisos con los transportistas”.
Al respecto el día 20 de septiembre el Presidente del Frente Colimense del Transporte y líder mil 200 taxistas de la CNOP organización priìsta rechazo la propuesta de iniciativa de Movilidad porque le quitan el carácter vitalicio a las concesiones de taxis y permiten el ingreso de servicios privados como el de Chofer Pro, y amenazó con luchar por sus intereses por la vía jurídica con amparos, presión política y de ser necesario paros, plantones y movilizaciones.
Sin lugar a dudas una decisión que tendrá un alto costo político para el gobernador y su partido si no logran transitar del conflicto al consenso, ¿o usted como lo piensa?
*Maestro en Ciencia Política y Administración Pública. Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima.
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