EL PLACAZO VS LOS 200 MIL
Por: Noé Guerra Pimentel
Que no nos confundan. Como ordinario recurso distractor la hasta entonces desconocida panista Norma Padilla, a nombre de su fracción sacó la propuesta contra la renovación de placas vehiculares así solo porque sí, sin alternativas, sin propuesta que subsane el ingreso presupuestado, el mismo que no se olvide fue aprobado por ellos, por la actual legislatura, por la entonces mayoría del PAN, por lo que aparte de incongruente y contradictoria no es más que un desplante populista que pretende distraer la verdadera discusión sobre la ilegal partida de “previsión social múltiple” que hasta hoy todos los diputados impunemente vienen devengando junto con las otras, también irregulares, que directa o indirectamente ejercen y que se suman a sus gastos como el pago de servicio telefónico y su consumo de gasolina además de las absurdas, como las de: por pertenecer a una fracción, por presidir comisión y por presidir el Congreso, lo que con su dieta da un ingreso de más de 200 mil pesos mensuales para cada uno de la exagerada nómina de veinticinco diputados locales que tiene Colima.
A todo esto trasciende, y otra vez a escondidas y revelado –otra vez- con mentiras y contradicciones, que la Comisión de Gobierno se reunió para, insisto, en secreto tomar el acuerdo no de desaparecer como se demanda, la ofensiva e ilegal partida de “previsión social múltiple”, sino de bajarla de los 68 mil que hasta hoy siguen cobrando, al también ilegal monto vigente hasta mayo, el de los 33 mil pesos, lo que según se haría efectivo a partir de este septiembre para en diciembre determinar o no su desaparición (lo que dudo, a menos que la disfracen ¿Con qué seguirían financiándose la campaña para el siguiente cargo?). El caso es que una semana después, la pasada, el Ladino, con ínfulas de perdonavidas dio el “gran anuncio” ¿Y qué creen? Sí, más tardó en decirlo que en ser desmentido; Contreras le recordó que ni él ni sus representados “independientes” estuvieron de acuerdo, mientras que Rangel, por su lado, precisó que eso no era definitivo sino parte del proceso de análisis y que el PRI estaría por la transparencia o desaparición de esa injustificada partida. ¿Qué tal?
A lo anterior cabe un poco de historia. Fue a mediados de mayo, recién destituida Sosa de la presidencia de la Comisión de Gobierno e impuesto desde mediados de marzo el inexperto (según quienes lo conocen) que la preside, cuando como para legitimarse, aprovechando el calor del análisis y posterior aprobación de la ley de transparencia, cuando ya entrado en gastos y para que vieran quién tenía el poder, propuso dicho incremento al rubro en discusión, lo que, obvio, por unanimidad se aprobó. Baste recordar cómo en aquel momento unos y otros se negaban a dar su 3 de 3, argumentado “inseguridad”, “privacidad”, “legalidad” etc., y que él, Ladino, trató de sepultar (http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/locales/17903-pan-podria-sepultar-ley-3-de-3-en-colima), total, al final tuvieron que ceder con declaraciones parciales y algunas hasta torpes y falsas, como la del propio “coordinador del PAN”, la que está para la risa, ¡Vaya! ni él se la cree.
En fin, así, felices todos, devengando sus ya 200 mil pesillos salvaron junio y les llegó julio hasta que alguien, quizá para encontrar algo en su opaca “transparencia legislativa”, se metió a la propia página del Congreso y ¡Bingo! Encontró lo que no imaginaban, de ahí para acá los tribunos locales han sido nota nacional despertando, además de la envidia de muchos, un generalizado verdadero malestar que se desbordó en redes sociales y que más de un y una oportunista intentaron capitalizar en su beneficio. Como reacción algunos “representantes” dieron la graciosa huida, otros lo negaron, los más se escondieron, en lo que otros, los independientes, se pusieron las pilas y el 16 de julio dieron a conocer su “iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, con la que buscarían prohibir ese ingreso en las percepciones de los diputados. Lo que se vio insuficiente y más como recurso mediático. Al tiempo y más a fuerza que queriendo, públicamente presionada por el dirigente de su partido, la del MC que todo ha votado con el PAN, el 21 siguiente los secundó con su propia iniciativa en similares términos: excluir los rubros ajenos a sus atribuciones de diputados.
Fue hasta el pasado 16 de agosto, un mes después, cuando con visión de futuro y experiencia por delante, abriendo y sobre su “coordinador de a mentis”, Sosa, en su nombre y con un dejo de congruencia también presentó su propuesta, misma que en mi opinión es la más completa y, por tanto, más viable, puesto que según reveló busca reformar las leyes estatales y municipales de Presupuesto y Gasto Público, la Orgánica de la Administración Pública, la que regula las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos además del Código Penal, cinco ordenamientos fundamentales con los que se regularían y transparentarían todas las partidas gubernamentales sean discrecionales o no, de los ámbitos estatal y municipales, lo que sin lugar a dudas abundaría en la real transparencia del ejercicio público al menos en lo local.
El caso es que más que el reemplacamiento el tema que está sobre la mesa es el oneroso gasto discrecional que hasta hoy ha caracterizado a quienes desde hace décadas han venido ostentando el poder público, no solo los diputados, lo que por lo excesivo es ya inadmisible y debe erradicarse, el gasto público debe racionarse, es un imperativo y con este los sueldos, ya no más pueblos miserables con gobernantes opulentos y nuevos ricos trianuales, es una realidad inaceptable y más si la contrastamos con las penurias que padecen la mayoría de mexicanos y que ahí la llevan sin lo indispensable, enfermos, migrando contra su voluntad o muchos metidos en la ilegalidad y el delito común por sobrevivir y sin siquiera la posibilidad de que en el largo plazo algo se componga en su situación de precariedad y criminal desigualdad que de una u otra forma nos está alcanzando.