LA LEY ES LA LEY
Por: Noé Guerra Pimentel
Como ciudadano colimense deseo que las averiguaciones se amplíen y alcancen a los presumibles autores intelectuales y resto de implicados en los delitos electorales que por el caso de la anulación de la elección de Gobernador en Colima imputa la FEPADE, mismos por los que por lo pronto fue consignado ante el Juez el C. J. Jesús fuentes Martínez, el dirigente del PAN en el Estado y a uno de los asesores jurídicos, Javier Jiménez Corzo, de ese mismo partido, además del exsecretario del anterior gabinete, Rigoberto Salazar, caso por sí, sin exagerar, de graves repercusiones que mínimo demanda algunas reflexiones, principalmente en torno a la evolución de este vergonzante caso que nuevamente nos pone en el observatorio nacional como lugar conflictivo y ahora hasta de probables criminales electorales y, más aún, de evidentes casos de impunidad que ante la complacencia de algunos se vienen prefigurando.
Luego de que la Fiscalía Especializada Contra Delitos Electorales (FEPADE) procediera con la consignación de las indagatorias que por un lado involucran al exsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado en la anterior administración, Rigoberto Salazar Velasco por su presunta coacción del voto entre sus subordinados a favor del PRI y por el otro a quienes Preciado les echó las pulgas, Javier Jiménez Corzo y J. Jesús Fuentes Martínez, dos activos del PAN local, el primero Asesor jurídico y el segundo nada más y nada menos que el Dirigente estatal ¿¡Aún en funciones!? Estos, como lo supimos desde el principio, también por su presunto aval a la alteración-falsificación de “pruebas” (documentos oficiales -Lista Nominal electoral-), es decir por “acreditar” con su firma documentos falsos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) en los que según en la elección de Gobernador de acá también habían votado algunos muertos.
Acción legal contra los colimenses que la FEPADE, cabe recordar, definió análoga a la del exvocero Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), “el güero” Arturo Escobar, quien hasta el pasado miércoles 25 de noviembre fungió como subsecretario de Gobernación, alto cargo político del que al hacerse público el hecho y la presunción de su implicación legal de manera responsable y consecuente inmediatamente se separó, como por ética personal se debe hacer, para no entorpecer las indagatorias del proceso judicial ordenado en su contra por la FEPADE, ante la presunción de aportaciones de dinero y en especie para la elección pasada en el ámbito federal, lo que refiere a las famosas tarjetas verdes de descuento “premia platino”, que supuestamente se recibieron en hogares de la república mexicana para hacerlas efectivas en tiendas departamentales.
Así, tanto Rigoberto Salazar en Colima como Arturo Escobar del PVEM nacional, hasta el momento, retirados de sus funciones públicas sin demoras, ni patrañas autovictimizatorias, delirios de persecución, ni absurdas leguleyadas, han dado la cara consecuentes con su compromiso cívico, respeto a las instituciones de garantía y congruentes con el sentido ético y de apego irrestricto a ley que nos deben regir a todos y en especial a los servidores públicos que protestaron “cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen” y que viven ¡Y bien! de nuestros impuestos.
Por ello y sin que se presuma personal, cabe preguntarse ¿Por qué el dirigente del PAN estatal aún no renuncia? ¿Por qué no se ha separado? ¿Qué la ley no es para todos? ¿De qué privilegios goza? ¿Qué le falta o qué espera para separarse? Pregunto haciéndome eco, al malestar e inconformidad que priva entre el panismo local ante el daño a la imagen que hasta antes de ellos, de Fuentes Martínez y su jefe, tenía dicho instituto político, las airadas voces saltan los muros blanquiazules ante la flagrante violación al debido proceso, la falta de compromiso con la legalidad y la incongruencia ética y política de su dirigente, quien después del anuncio de su delito “anda como Pedro por su casa” ¡Tan tranquilo! y con ello entorpeciendo la dinámica interna de su partido, afectando a su candidato y, sobre todo, imposibilitando el curso de las investigaciones para que el proceso se conduzca con transparencia y para el que aunque no lo entienda ni lo quiera aceptar, Fuentes se obliga a ser facilitador y sin más, como otro de nosotros, someterse a su supremacía.
RECADITO 1*: Por considerarlo acto anticipado de campaña y marcando un plazo de 24 horas, EL INE ORDENA AL MC RETIRAR PROPAGANDA CONTRA EL PRI Y EL PAN. Junta local del Instituto Nacional Electoral. Sábado 28 de noviembre. *Se supone que al amanecer de este lunes 30 ni habrá ni circulará nada al respecto. Esperemos.