Hay contubernio de funcionarios para instalar mina en Zacualpan, denuncia Misión Internacional

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Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Al concluir la Misión Internacional de Observación del Caso Zacualpan, activistas de diferentes organizaciones no gubernamentales afirmaron que existe un contubernio entre funcionarios públicos para impulsar el proyecto minero y que detonó el conflicto entre la población indígena.
Gustavo Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) ratificó que su visita tuvo la intención de hacer una documentación de hechos sobre las afectaciones a la vida comunitaria que han estado sucediendo con la población indígena de Zacualpan, a pesar de existir una serie de resoluciones judiciales y administrativas que supone son suficientes para el restablecimiento del estado de derecho, la gobernabilidad, la paz social.
“En primer lugar, queremos resaltar que constatamos por distintas vías y medios las causas que originaron el conflicto, y estamos totalmente convencidos y seguros que éste ha sido desencadenado por una política implementada por el Gobierno Federal, quien de forma indiscriminada y sin respetar los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, ha entregado infinidad de concesiones mineras, sin que los pueblos de todo el país y en especial de este estado de Colima, estén enterados y mucho menos consultados en forma previa, libre e informada”.
Detalló que esta política genera que el 44% del estado de Colima haya sido entregado a empresas nacionales y extranjeras “lo cual hace que Colima ocupe el deshonroso primer lugar a nivel nacional en territorio concesionado”.
Betina Cruz de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Oaxaca, alegó que dos de estas concesiones ocupan el territorio agrario de Zacualpan, lo cual llevó a los integrantes tanto de la comunidad como del núcleo agrario a buscar información sobre ello, a la vez que solicitaron apoyo y acompañamiento de la organización Bios Iguana.
Estas concesiones siguen vigentes y se siguen pagando por ellas ante la Secretaría de Economía, cuyo delegado Agustín Trejo, desconocía la situación, sostuvo.
Además, se ha registrado extracción ilegal de mineral pues más de 25 camiones de volteo sacaron material en 2012 sin que hasta el momento la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) haya iniciado una investigación al respecto por robo a la nación pese a denuncias interpuestas.
“Esta Misión resuelve que lamentablemente todas las instituciones de gobierno vinculadas a permisos o actos administrativos relacionados con la actividad minera tienen un gran desconocimiento tanto de la misma en su propio estado, como también sobre las irregularidades que entre una dependencia y otra se gestan por descoordinación y falta de visión integral”, dijo la activista.
“Percibimos la existencia de un claro contubernio de algunos operadores políticos en éste y otros casos mineros en el estado”, enfatizó.
Miguel Ángel Mijangos Leal del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo de Extracción Minero, agregó que los funcionarios encargados de los temas de concesiones mineras ni siquiera conocen los procedimientos básicos para iniciar un proyecto a pesar de que legalmente tienen todos los recursos para cancelar las concesiones.
“Es decir, hay una declaratoria de Territorio Libre de Minería, pero no vemos una acción administrativa por parte del gobierno federal, para cancelar las concesiones a pesar de diversas violaciones documentadas”, insistió.
Esperanza Salazar Zenil, de la organización Bios Iguana, declaró que el gobierno de Colima falló en garantizar el acceso a los activistas a Zacualpan y denunció que los protege para continuar haciendo actos ilegales como los bloqueos carreteros “incluso les lleva tortas y refrescos en patrullas de la policía”.
Al mediodía, un grupo de indígenas relacionados con el depuesto líder de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro y otro de Taurino Rincón sostendrán una reunión en las oficinas de Derechos Humanos para llegar a acuerdos.