Redacción|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ya tiene la facultad de denunciar a las autoridades que incumplan sus sentencias, esto luego de que el Congreso Local reformara en votación unánime la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima.
Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, se suma a las medidas de apremio con las que ya contaba el TCA, que son la amonestación a la autoridad omisa, la aplicación de una multa equivalente al monto de 20 a 500 días de salario mínimo y el auxilio de la fuerza pública, la solicitud de arresto hasta por treinta y seis horas.
La reforma, que tuvo como iniciador al diputado priista Martín Flores Castañeda, considera también que cuando el TCA tenga conocimiento de actos o hechos que presuman una conducta delictiva, dará vista al Ministerio Público para su investigación.
Asimismo, cuando las autoridades responsables sean omisas en el cumplimiento de las sentencias definitivas del Tribunal, éste denunciará dichas omisiones en los términos procedentes de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Presentado por el diputado Arturo García Arias, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el dictamen con la reforma legal considera también la ampliación de uno a cinco años el término para iniciar el juicio de lesividad, que consiste en el actuar de la autoridad en contra de resoluciones o actos favorables a los particulares cuando no pueden por sí misma revocarlas.
El dictamen expone que para la existencia de un estado de derecho, es importante realizar una transformación en la administración pública estatal y municipal, toda vez que la justicia administrativa tiene por finalidad hacer efectiva la sujeción de la administración pública al principio de legalidad, garantizando procedimientos imparciales.
Finalmente, García Arias señaló que la justicia administrativa ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del Derecho Administrativo, el cual tiene como finalidad garantizar el Estado de Derecho entre los particulares y las autoridades administrativas.