COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- En el marco del Acuerdo por la Seguridad y la Justicia, el diputado Martín Flores Castañeda anunció que el próximo martes se aprobará la Declaratoria de Implementación del Sistema de Justicia Penal Oral en el estado de Colima, que iniciará sus funciones el 19 de noviembre.
El presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del Estado, presentó el calendario que para ese objetivo realizó la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el cual prevé que en octubre se tengan aprobadas todas las normas que permitan la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal.
La Declaratoria de Implementación del Sistema de Justicia Penal Oral en el Estado de Colima, se sustenta en el segundo artículo transitorio del decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ese decreto establece que en las entidades federativas y el Distrito Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales entrará en vigor en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Flores Castañeda, que moderó la mesa de trabajo “Legislación”, expuso a dirigentes de agrupaciones de abogados, académicos, líderes de cámaras empresariales, funcionaros estatales, legisladores locales y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, cuáles son las normas que deben aprobarse.
Indicó que deberán aprobarse y expedirse, un nuevo Código Penal para el Estado de Colima, nuevas leyes orgánicas del Poder Judicial del Estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, también las nuevas leyes de Seguridad Pública y la del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
También deberá expedirse la Ley de Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia, la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos, entre otras.
Señaló que el equipo jurídico del Congreso del Estado y el de la Secretaría General de Gobierno, tienen varios meses trabajando en el análisis de las iniciativas de ley antes mencionadas, que en próximos días entregarán sus conclusiones al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Arturo García Arias.
Martín Flores adelantó que una vez elaborados los proyectos de dictamen de las diferentes iniciativas de ley, la Comisión dictaminadora convocará a colegios y barras de abogados, juristas, académicos y autoridades de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia, para enriquecerlos.
Explicó que el nuevo Sistema de Justicia Penal se irá implementando de manera gradual:
El 19 de noviembre lo adoptarán los municipios de Colima y Villa de Álvarez del primer partido judicial, el resto de municipios de ese primer partido (Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Minatitlán), lo harán el 9 de abril de 2015.
Posteriormente, el Tercer Partido Judicial con sede en Manzanillo, lo adoptará el 5 de agosto de ese año, y finalmente los municipios del Segundo Partido Judicial, Tecomán, Armería e Ixtlahuacán, lo implementarán el 12 agosto de 2015.
Los estados de la República y el Distrito Federal tienen como plazo para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el 18 de junio de 2016, según lo dispone el Decreto reformatorio de los artículos del 16 al 22 de la Constitución General de la República, publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
Participantes en la mesa de trabajo “Legislación”, como Mario de la Madrid, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y Roberto Chapula, de la CEDH, estimaron necesaria la creación del Consejo de la Judicatura.
Zenen Campos Beas y Andrés Rivas Franco, dirigente de la Federación del Transporte Urbano y Suburbano y presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Colima, respectivamente, expresaron su preocupación porque el nuevo Sistema de Justicia Penal dispondrá que los acusados de la comisión de delitos no graves enfrentarán en libertad los procesos judiciales.
Flores Castañeda señaló que una vez elaborados los proyectos de dictamen de las diferentes iniciativas de ley, la Comisión dictaminadora convocará a colegios y barras de abogados, juristas, académicos y autoridades de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia.
En la mesa de trabajo “Legislación” del Acuerdo por la Seguridad y la Justicia, participaron el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, y los diputados del PRI Arturo García Arias, Ignacia Molina Villarreal, Oscar Valdovinos y José Antonio Orozco Sandoval, y el diputado perredista Francisco Rodríguez García.