*Se expone que la constructora del hijo del delegado no debió participar en licitaciones porque no contaba con capacidad financiera por las características, complejidad y magnitud de los trabajos.
Óscar Cervantes|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La auditoría especial aplicada al periodo 2014-2015 del gobierno estatal por la empresa PriceWatershouseCoopers (PWC), señaló al delegado de Sedesol, Carlos Cruz Mendoza, por estar involucrado en posible riesgo de conflicto de intereses, ya que la constructora de su hijo se benefició con obras millonarias de fondos federales.
El documento exhibe a detalle que el hijo del funcionario federal tampoco, en su momento, tenía la capacidad financiera para participar en las licitaciones de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos. Sin embargo, a pesar de ello, logró beneficiarse con al menos tres obras, tan solo en 2014: una de 9 millones 126 mil pesos, otra de 3 millones 845 mil pesos y otra más de un millón 619 mil pesos.
Los números de contratos son los siguientes: PROSSAPYS-001/2014, SEIDUR-CDI-004/2014 Y PSP-CDI-002/2014, bajo la modalidad de supuesta licitación pública nacional.
Por tal motivo, se analizaron los estados financieros del contratista y no cuenta con el capital de trabajo suficiente para hacer frente a los contratos contraídos. Además, se indica que en la obra PROSSAPYS-001/ 2014, el administrador único del contratista adjudicado es hijo del delegado de Sedesol.
Por tal motivo, la auditoría refiere que con base en el artículo 8 fracción XXI, párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señala textualmente lo siguiente:
“Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.
Sobre el contrato Sedur-CDI-004/2014 por 3 millones 845 mil pesos, se expone que el domicilio fiscal que el contratista señala, difiere de la documentación presentada durante el procedimiento de adjudicación, pues manifiesta mediante un escrito presentado el 25 de agosto del 2014, tener su domicilio fiscal y social en otra ubicación.
De igual forma, añade que dentro del expediente del procedimiento de adjudicación no se identifica información sobre la situación financiera del contratista, que permita evaluar su capacidad financiera.