* Sin embargo queda fuera la posibilidad de instalar cámaras en la PGJE para vigilar al personal y los detenidos *Hasta junio había más de 340 quejas ante la CEDH
Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- El congreso del estado aprobó por unanimidad la creación de la Ley para prevenir y Sancionar la Tortura en donde a los funcionarios públicos que hallen culpables se les impondrá hasta 10 años de prisión.
Al respecto, el diputado priista Martín Flores Castañeda, líder de la bancada de su partido en el congreso, señaló que la legislación se creó para implementar el nuevo sistema de justicia penal, en la que se pone especial énfasis el prevenir y sancionar cualquier acto de autoridad en el que por medio de violencia, tortura, coacción, se obtenga información respecto a hechos ilícitos, los cuales además de no tener validez tendrán una coercitividad a tipificarse como delito.
Se pretende que la autoridad investigadora lo haga por métodos científicos y profesionales, continuó, donde la declaración surja a partir de interrogatorio eficaz, que permita bajo métodos científicos lograr la verdad de los hechos, para eso se requiere la profesionalización de los servicios.
“Ésta ley no va aislada, va con el servicio profesional de la procuración de justicia, el servicio profesional de carrera, va también con la ley de protección de testigos, va con la ley para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, va de la mano de la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, también con el nuevo Código Penal, va de la mano con el Código Nacional de Procedimientos Penales”, dijo.
Anteriormente, el delito de tortura se tipificaba dentro del Código Penal “hoy es una ley integral y que no sólo va a la imposición de una pena, sino a las vías que debe de adoptar las instituciones para prevenir y sancionar la tortura y erradicar esos malos tratos”, mencionó el priista.
Sin embargo, el dictamen no contempló la propuesta del panista Fernando Antero para instalar cámaras de vigilancia en todas las áreas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y constatar el actuar del personal de la dependencia.
Con base en un informe realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el panista dio a conocer que se han emitido tres recomendaciones en el año contra la PGJE donde se acreditó la tortura pero no ha habido sanciones para ningún servidor público.
Recalcó que hasta junio de este año, las quejas han ascendido a 350 mientras que en todo el año pasado fueron 340 lo que prevé que al mes de diciembre el número de casos pueda llegar a 700.
El diputado panista Orlando Lino Castellanos se congratuló de la enmienda pues se incluyó su propuesta de que, en todo momento, personal de la CEDH podrá visitar las instalaciones y atender a los detenidos.
Además, la autoridad se verá forzada a garantizar el derecho de la persona privada de la libertad a tener comunicación a través de una llamada telefónica.