Editorial
Es histórico para nuestro Estado de Colima y los ciudadanos los daños causados de los últimos 12 años a las administraciones en sus recursos financieros, materiales y humanos; sumando uno de los más sensibles: la seguridad.
El primer tema, el financiero, es vital para cualquier administración, sea federal, municipal o estatal. Ese recurso lo podemos dimensionar con lo que ocurre en una familia o empresa, si el dinero falta o no alcanza, los estragos son, en muchas experiencias vistas y conocidas, desastrosas. Esto no significa que los demás sean menores, pero todos sabemos que es uno de los principales factores de estabilidad en la familia, empresas y gobiernos, y que encadena a los otros temas de tipo material y humano; esto es, a la falta de recursos financieros pone en riesgo los empleos, las herramientas y maquinarias de trabajo, así como el pago de quincenas y prestaciones a los trabajadores, como también la falta de liquidez para proveedores.
Los temas anteriores son básicos para una buena administración, sin embargo lo que ocurrió en los últimos años, concretamente en las dos administraciones, fue un desastre financiero, corrupción y omisión ante la Procuración de Justicia, que nos llevó a lo que hoy tenemos como resultado. Se podrán tener otras opiniones, pero mientras tanto los datos no dan mucho beneficio de la duda.
El arranque de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, fue en un caos económico y de inseguridad, con un mínimo de maniobra financiera. La realidad de cómo recibía se fue dando al paso del interinato de Ramón Pérez, terminando de conocer la realidad a las primeras semanas. Esto obligó, para poder conocer a profundidad y con transparencia mostrar a la población cuál era la situación que ampara al Gobierno, la contratación de la empresa Pricewaterhousecoopers (PwC), la cual estaría encargada de elaborar lo que se llamó el “libro blanco” de las finanzas públicas del Gobierno del Estado, que en los primeros días de junio podríamos estar conociendo puntualmente lo que ocurría en el manejo de los recursos de la administración pasada. Independientemente de los organismos oficiales como el propio Osafig pueda ofrecer.
Al cumplir 100 días de gobierno el pasado sábado 21, podemos ver materialmente realizado un cumplimiento en el orden financiero, sueldos regularizados en lo general y pagados con puntualidad, pago de becas de movilidad y del programa Promajoven, en regularizar las pensiones a adultos mayores, como también a proveedores y que aún falta mucho por regularizar, sin embargo la incertidumbre en esos temas ya inician a dar otra sensación y sobre todo garantía, control y estabilidad. Por otro lado, se concretó con el cumplimiento de la presentación con la iniciativa para contar con una nueva Ley de Transparencia y que, con el Congreso Local, se logró su aprobación. Pudiendo esperar que se trabaje con solidez en el tema de transparentar y el manejo de los recursos públicos que tanto pide la población.
Lo que podemos concluir sobre el tema financiero, es que después de 100 días de gobierno, la opinión de la población percibe mayor responsabilidad al enfrentar y solucionar las deudas heredadas y cumplimiento de las actuales.
Cierto, en 100 días el tema sin resolver es el de la seguridad. Los colimenses acostumbrados a tener los primeros lugares en este aspecto, y que no solo era un lugar estadístico, sino una realidad cotidiana. Esto lo pueden percibir y comparar con mayor sensibilidad las generaciones que les tocó vivir esas épocas y que hoy son personas maduras. Esto sin restar capacidad a las nuevas generaciones de entender y saber apreciar la comparativa antes mencionada. Aclarando, que en el entender muy lamentable que los delitos de alto impacto y robo, están para todos al orden del día, y no respetan edades ni sectores sociales.
El gobernador Ignacio Peralta, aceptó una realidad en el tema de seguridad en nuestro Estado, “…que la estadística de abril poco más de 70 homicidios dolosos, la gran mayoría de ellos relacionados con la delincuencia organizada y hay que recordar dentro de estas muertes, se contabilizan más de 10 que se encontraron en fosas que no tenemos la fecha en que fueron ejecutados, pero se contabilizan en la estadística de abril”. Y agregó algo que también lo sabe la sociedad colimense en su mayoría: “el gran porcentaje de los homicidios dolosos están relacionados con la confrontación entre las bandas de la delincuencia organizada”.
También se informó que en su administración, en trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, las corporaciones del área de Seguridad Pública del Estado han detenido a mil 427 personas en diferentes operativos y recuperado 273 vehículos con reporte de robo, a la fecha.
Y una señal que se puede valorar, es que no se trata de engañar la percepción con datos falsos, que también incurría en otros tiempos, sino ahora no solo no se engaña a nadie, que bien hacen ya, que con una sociedad informada y actualizada por los diferentes medios tecnológicos actuales y contrapesos políticos, puede ser una mejor comprensión de lo que ocurre en el tejido social, el cual, es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, principalmente como garantía a su población y a las inversiones privadas y turísticas. Sin embargo, el rol de la participación social, es fundamental para que se obtenga con mayor rapidez los índices deseados y extrañados por todos.
La crisis también es social, es ahí donde entra la participación de las familias y como ciudadanos, reconstruir el tejido social nos corresponde, buscar el “ingrediente” que se ha desvanecido en últimos años e incorporarlo a nuestra sociedad: los valores.